Una medida que pone en duda la estabilidad del estatus de naturalización

Días antes de asumir nuevamente la presidencia, Donald Trump y su equipo anunciaron que planean intensificar los esfuerzos para desnaturalizar a ciudadanos estadounidenses naturalizados. Stephen Miller, asesor clave en temas migratorios, aseguró que la administración tiene como objetivo reforzar este proceso en 2025, continuando el programa iniciado durante el primer mandato de Trump. Según Miller, esta medida busca garantizar que solo aquellos que cumplan estrictamente con los requisitos mantengan su ciudadanía.

La desnaturalización es un procedimiento legal mediante el cual se revoca la ciudadanía de una persona naturalizada, generalmente por fraude o tergiversación durante el proceso de naturalización. Por ejemplo, ocultar información relevante o presentar pruebas falsas puede ser motivo suficiente para comenzar este procedimiento, que puede culminar en la deportación del individuo.

Historia y fundamentos legales de la desnaturalización

El proceso de desnaturalización está regulado desde la Ley de Naturalización de 1906. Inicialmente, permitía revocar la ciudadanía obtenida fraudulentamente o por falta de intención de residir permanentemente en Estados Unidos. Hoy en día, la desnaturalización se enfoca en violaciones más específicas, como mentiras deliberadas o condenas por fraude en la naturalización.

Incremento bajo el mandato de Trump

Durante su primer mandato, Trump incrementó significativamente los recursos para investigar casos de desnaturalización. En 2018, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) identificaron más de 1,600 casos sospechosos para ser remitidos al Departamento de Justicia (DOJ). Esta política resultó en un aumento del 600% en los casos de desnaturalización entre 2016 y 2020. Además, el DOJ estableció una Sección de Desnaturalización dedicada exclusivamente a procesar estos casos.

Impacto social y legal

A pesar del incremento en los recursos, el número total de personas desnaturalizadas sigue siendo relativamente bajo. Sin embargo, defensores de los derechos humanos advierten que estas medidas generan incertidumbre entre los inmigrantes naturalizados y sus familias. La falta de acceso a representación legal gratuita agrava el problema, especialmente para aquellos con recursos limitados.

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